10 de Marzo de 2009

I Jornadas de Acceso a los documentos públicos y oficiales, organizadas por la AEFP

Ya os conté en un post anterior cómo transcurrió el primer día de las jornadas sobre “Acceso a los documentos públicos y oficiales. Los límites del secreto oficial” en las que colaboró SEDIC junto a la Embajada de EE UU.

No quería dejar de contaros algo más, a pesar de que ha pasado ya tiempo desde la celebración de las jornadas. El segundo día comenzó con la experta en transparencia de la ONG estadounidense, National Security Archive, Emilene Martínez-Morales, cuya participación fue patrocinada por SEDIC. La tarde transcurrió bajo la simpática y amena moderación del Catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense, Julio Aróstegui.

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Emilene Martínez Morales y Julio Aróstegui en las jornadas

Emilene Martínez Morales explicó cómo funciona en EE UU la Ley de libertad de acceso a la información, FOIA (Freedom of Information Act) y después describió en detalle el trabajo que desarrolla su institución, el National Security Archive, que ha hecho unas 35.000 solicitudes de información amparándose en dicha ley. Además, una gran parte de los documentos que han ido solicitando a lo largo de los años, está disponible en su web: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/. Emilene fue desgranando ejemplos de documentos que han conseguido al amparo de la FOIA, para asombro y sorpresa de los asistentes. Pero Martínez aclaró también que la mera existencia de una ley no es suficiente para garantizar la libertad de acceso a la información gubernamental y que es saludable para la democracia que instituciones como la que ella representa se dediquen a tentar los límites de la ley y a plantear solicitudes de información al gobierno basándose en ella.

Las charlas de Rosana de Andrés, Jefa de Área de Coordinación de Archivos y Gestión Documental del Ministerio del Interior y de Eduardo Gómez-Llera, Director del Archivo Histórico Provincial de Segovia, dejan patente que el acceso a los documentos oficiales en España necesita de una legislación específica para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a dicha información, con unos límites claros y bien definidos del secreto oficial, así como una ley de archivo actualizada y puesta al día, tal y como había avisado el día anterior, el nuevo Subdirector de Archivos del Ministerio de Cultura, Severiano Hernández Vicente.

Para terminar la jornada, y dado que nadie del Ministerio de Defensa había aceptado la reiterada invitación de la AEFP para participar, Antonio González Quintana, respaldado por su experiencia anterior como archivero del Ministerio de Defensa, habló de “documentos clasificados y documentos inaccesibles” con ejemplos que resultaron hasta divertidos, como el caso de documentos de 1900 que aún están clasificados para salvaguardar la seguridad nacional.

Tras la intervención de Antonio González Quintana una ola de unanimidad pareció recorrer la sala, ante la necesidad de equilibrar en España las tres patas que tienen habitualmente las democracias avanzadas y que mencionábamos en el post anterior: ley de protección de datos, ley de archivos y ley de acceso a la información; y todo ello junto a una re-definición del secreto oficial para adecuarlo a este siglo XXI que habitamos ya.

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Rosana de Andrés, Julio Aróstegui, Eduardo Gómez-Llera y Antonio González Quintana

Para curiosos e interesados, las presentaciones de los ponentes están ya disponibles en la web de AEFP y el audio de sus intervenciones será colgado en un futuro próximo.

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28 de Noviembre de 2006

Acceso más abierto a los archivos estatales

En el BOE de hoy, día 28 de noviembre, aparece publicado el R.D. 1266/2006 (pdf, 42 Kb), que deroga la normativa vigente de acceso a los archivos de titularidad estatal y a los adheridos al sistema archivístico español.

Hasta ahora era preciso contar con una tarjeta nacional de investigador o una autorización temporal para poder acceder a estos centros. Desde mañana, sólo será preciso presentar una identificación como el documento de identidad o el pasaporte.

Con esta normativa se busca garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información y a la cultura, como está establecido en la Constitución Española, salvaguardando, eso sí, la seguridad de los fondos que lo requieran.

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