¿Quién paga los recursos abiertos? ¿Servicio público gratuito o modelo freemium?

El archivo abierto arXiv es sin duda uno de los principales referentes mundiales del Open Access. Su origen es anterior a la constitución de este movimiento y el modelo que representa como archivo temático se ha visto superado por el crecimiento de los repositorios institucionales, pero precisamente su éxito y vitalidad como recurso de información ha sido un argumento esencial para apoyar el acceso abierto en todo el mundo. La Universidad de Cornell actuaba como productor y financiaba casi exclusivamente este recurso, hasta que en los últimos meses ha puesto en marcha un nuevo “modelo de negocio”.

Según se declara en la web de arXiv el acceso gratuito de los usuarios está garantizado. La nueva propuesta consiste en buscar la cofinanciación por parte de las instituciones que figuran a la cabeza en las estadísticas de uso del archivo. El proceso parece ejemplar: se ha realizado una invitación a contribuir y han respondido positivamente 22 grandes instituciones.

La noticia coincide con otras similares en otros tipos de recursos, como el anuncio del JISC de dejar de financiar el directorio Intute, o las campañas para buscar patrocinadores para la Wikipedia. ¿Quién paga los recursos abiertos? Cualquier base de datos que aspire a ser un servicio público encuentra un problema para sostener un sistema de libre acceso. Un servicio público no tiene por que ser gratis, pero si se exige un pago a los usuarios, aunque sea muy reducido, puede quedar condenado a la invisibilidad. Pero una institución que genera un recurso gratuito para todo el mundo, puede exigir contrapartidas o suprimir el servicio en cualquier momento.

Aunque se esgrimen argumentos no comerciales de responsabilidad social, la cofinanciación puede conducir hacia el modelo freemium (un neologismo intraducible al español), que apuesta por una fórmula mixta: acceso gratuito al contenido básico y contenidos de valor añadido para los usuarios de pago. No es una alternativa novedosa, ya ha sido utilizada en otras iniciativas ligadas al open access como Biomed Central. Pero sí puede plantear dudas entre qué se considera información de servicio público y qué tipo de datos son de valor añadido. En cualquier caso, se trata de un aspecto de gran interés para los profesionales de las bibliotecas y centros de documentación y debe exigirse una publicidad adecuada de los servicios ligados a la suscripción.

Luis Rodríguez Yunta
Miembro del Grupo Web 2.0