Paco Fernández Cuesta.

La Administración de Justicia tiene un problema gordo. Mejor dicho, muchos problemas, si nos atenemos a las noticias negativas que periódicamente aparecen en los medios de comunicación: el retraso en las actuaciones, la descoordinación entre órganos judiciales, la aparición de documentos de archivo en contenedores de basura o las condiciones deplorables de almacenamiento (pocas veces se habla de control o gestión).

Son muchas las causas que se han puesto sobre la mesa: el desfase entre el volumen de asuntos tramitados y el número de Juzgados encargados de tramitarlos (precisamente, mientras escribo esta anotación, el BOE publica la creación 126 Juzgados y 20 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), la falta de recursos económico y humanos, el desfase tecnológico y la ausencia de sistemas de información interconectados, y hasta la actitud de los propios ciudadanos, que acude a la vía judicial para solucionar todo tipo de problemas (lo que me ha recordado inevitablemente la obra de Richard L. Kagan).

Sin embargo, lo que me interesa destacar aquí es que algunas de las reclamaciones que se viene realizando desde la propia Administración de Justicia parecen apuntar al archivo como una de las causas del problema. El archivo en sus acepciones de conjunto de documentos y de depósito en el que se custodian: las oficinas se hallan atestadas de cantidades ingentes de papeles (y de grapas: muchas grapas), en su mayor parte inútiles, en la que difícilmente se puede encontrar algo, que estorban y que nadie sabe dónde colocar, ya que el cuartucho que tiene la placa de “Archivo” en su puerta hace tiempo que se encuentra desbordado. Por eso el Real Decreto de modernización de los archivos judiciales es fundamentalmente (y así se conoce) un “Decreto de expurgo”, y el argumento de la falta espacio para el archivo en los edificios se ha utilizado en las negociaciones de transferencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En pocos casos se habla del archivo (el Archivo con mayúsculas, como propone Antonia Heredia) en su acepción de servicio/institución que se ocupa de la gestión y tratamiento archivístico de esos documentos y de administrar el archivo-edificio.

Bien es cierto que –por muy ingenuos o ultras de la Archivística que seamos–, la simple existencia del Archivo no es la solución de todos los problemas de la Justicia (ni de cualquier administración pública u organización privada), pero tampoco cabe duda en que corresponde a los archiveros enarbolar la bandera del archivo. El momento en el que nos encontramos, con una ciudadanía sensibilizada y unos medios de comunicación receptivos, y en el que no parece que la clase política pueda hacer oídos sordos -son muchas las voces que exigen reformas, lo último, el Informe de 2007 del Defensor del Pueblo-, debería ser aprovechado por una mayor implicación de la comunidad profesional: no sólo de los sin duda pocos archiveros judiciales, también de las asociaciones profesionales y de los órganos competentes en materia de archivos, tanto de la AGE como de las administraciones de las Comunidades Autónomas. Nos encontramos en un buen marco para dotar de visibilidad a la profesión, que no se da en otros contextos igual de problemáticos. Porque, como sabemos, situaciones como las que comentábamos no son exclusivas de la Administración de Justicia, aunque estos casos sean más visibles y mediáticos por la sensibilidad de las cuestiones a las que afecta.

Implicación para exigir un mayor impulso político; para un desarrollo normativo y una asignación racional de recursos; para que el archivo y la gestión de documentos formen parte de una política de modernización integral, y los archiveros de su planificación. Que el sistema de archivo sea una solución y la informatización tantas veces apelada en las últimas semanas -dando a veces la impresión de que en los juzgados y en las oficinas judiciales se trabaja exclusivamente con lápiz y papel- se materialice en sistemas de gestión de documentos electrónicos. Sabemos que digitalizar una Administración obsoleta no produce una Administración moderna. La aportación del archivo y de los archiveros a la mejora y modernización de la Justicia, en el marco de una política amplia de reformas, necesarias por la situación actual y de cara a un futuro próximo (horizonte de la e-Justicia), pasa necesariamente por esta mayor implicación. El recorrido es largo y complicado, y no creo ser el más indicado para tratar sobre cómo debería abordarse, más allá de intuir algunas líneas básicas a través del esquema que propongo abajo. Esperemos que a lo largo de este mes, personas más cualificadas que yo puedan avanzar a través de este blog algunas ideas al respecto.

Paco Fernández Cuesta.
Blog @rchivista

• Tema del mes de junio 2008: Archivos judiciales